Soy empleador/a

Artículo 47

1. Las trabajadoras y los trabajadores, tanto del sector público como del privado, tienen derecho a la libertad sindical. Este comprende el derecho a la sindicalización, a la negociación colectiva y a la huelga. 

2. Las organizaciones sindicales son titulares exclusivas del derecho a la negociación colectiva, en tanto únicas representantes de trabajadoras y trabajadores ante el o los empleadores. 

3. El derecho de sindicalización comprende la facultad de constituir las organizaciones sindicales que estimen conveniente, en cualquier nivel, de carácter nacional e internacional, de afiliarse y desafiliarse de ellas, de darse su propia normativa, de trazar sus propios fines y de realizar su actividad sin intervención de terceros. 

5. Se asegura el derecho a la negociación colectiva. Corresponde a las trabajadoras y los trabajadores elegir el nivel en que se desarrollará dicha negociación, incluyendo la negociación ramal, sectorial y territorial. Las únicas limitaciones a las materias susceptibles de negociación serán aquellas concernientes a los mínimos irrenunciables fijados por la ley a favor de trabajadoras y trabajadores. 

6. La Constitución garantiza el derecho a huelga de trabajadoras, trabajadores y organizaciones sindicales. Las organizaciones sindicales decidirán el ámbito de intereses que se defenderán a través de ella, los que no podrán ser limitados por la ley. 

7. La ley no podrá prohibir la huelga. Solo podrá limitarla excepcionalmente con el fin de atender servicios esenciales cuya paralización pueda afectar la vida, salud o seguridad de la población. 

La nueva normativa constitucional sobre libertad sindical pretende otorgarles a los sindicatos un poder inédito, asegurando como derechos fundamentales una serie de prerrogativas que fortalecen y desbalancean los mecanismos de presión hacia los empleadores. 

En primer lugar, los sindicatos podrán trazar sus propios fines y decidir el ámbito de sus intereses sin que la ley pueda limitarlos de ninguna forma. En otras palabras, los sindicatos podrán decidir libremente tener intereses políticos, económicos, sociales, o de cualquier otro tipo, sin mayor límite. Esto significa, en la práctica, la desnaturalización de los sindicatos tal como los conocemos, cuyo objeto siempre ha sido defender los intereses de los trabajadores en su ámbito laboral, pudiendo ser cooptados por intereses político-partidistas y asemejarse a cualquier tipo de organización civil.

Sumado a esto, la negociación colectiva que tradicionalmente se genera entre trabajadores y la empresa en la que laboren se amplía radicalmente a posibles negociaciones ramales, sectoriales y territoriales. Es decir, los sindicatos, federaciones y confederaciones tendrán la posibilidad de negociar colectivamente con varios empleadores al mismo tiempo para llegar a un acuerdo común, siendo obligatorio para estos últimos. Históricamente, las negociaciones entre sindicatos y múltiples empleadores tienen el evidente riesgo de perjudicar a empresas de menor tamaño, ya que las empresas grandes tienen más espalda económica para resistir paralizaciones o presiones. Además, no se contempla en la propuesta constitucional ninguna norma que le dé herramientas a los empleadores en casos de huelgas prolongadas o ilegalidades, tal como existen en países en que culturalmente se ha insertado la negociación por rama.

Por último, se ha dicho que la regulación constitucional de la huelga en esta propuesta es una de las más liberales del mundo, lo cual conlleva serios riesgos para la estabilidad empresarial. Primero, porque la regulación de la huelga no está unida a la de la negociación colectiva, es decir, se reconoce el derecho a la huelga de forma absoluta, sin necesidad de que sindicatos comiencen una negociación colectiva para realizarla. Esto se suma a sindicatos sin límites de intereses u objetivos, estableciendo en nuestro ordenamiento jurídico la posibilidad de que existan huelgas para solidarizar con los trabajadores de otra empresa o simplemente la paralización de actividades como mecanismo de presión político, e incluso hechos que no tienen directa relación con asuntos de la empresa. 

En suma, como la ley en ningún caso podrá prohibir la huelga –excepto a Fuerzas Armadas y de Orden– se le entregará un poder nunca antes visto a los sindicatos para paralizar actividades, y nulas herramientas a empleadores para hacer frente a un evidente desequilibrio de poder.

Artículo 48 

Las trabajadoras y los trabajadores, a través de sus organizaciones sindicales, tienen el derecho a participar en las decisiones de la empresa. La ley regulará los mecanismos por medio de los cuales se ejercerá este derecho.

Una innovación relevante del proyecto constitucional es la consagración de un derecho de los trabajadores y trabajadoras a participar en las decisiones de la empresa en que laboren. A este respecto, llama fuertemente la atención que se haya elevado esta pretensión a nivel constitucional, ya que es un asunto muy discutido y criticado, que además modifica premisas básicas del derecho del trabajo.

En primer lugar, uno de los límites de nuestra tradición jurídica laboral es que la esfera de posible negociación o intromisión de los trabajadores o el sindicato está en la administración o dirección de la empresa, facultad que le pertenece únicamente al empleador. Así está claramente consagrado en nuestro actual Código del Trabajo en sus distintas disposiciones.

En segundo lugar, la premisa básica que se modifica con este artículo es que, dado que el empleador soporta el riesgo de invertir en la empresa, es lógico que dirija y administre la faena, lo que en este caso se revierte, ya que los trabajadores podrían participar de la dirección de la empresa sin soportar mayores riesgos por sus decisiones. Esto pone al empleador en una situación sensible, la cual probablemente afectaría su libertad económica.

En suma, si bien no cualquier mecanismo que involucre a trabajadores en decisiones de la empresa es necesariamente negativo, subsisten serias dudas de los riesgos que podría generar elevar esta materia a nivel constitucional en cuanto a la desprotección de los empleadores en el mundo laboral.